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¡Por culpa de MORENA no habrá agua para Los Cabos!


La Paz, BCS.- En un mensaje de carácter urgente, el gobernador Carlos Mendoza Davis con documentos en mano, señaló que la fecha límite que se tiene de parte del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para lanzar la licitación para la tan esperada desaladora para Cabo San Lucas es el 30 de septiembre y, de no ponerse de acuerdo los diputados del Congreso de Baja California Sur para aprobar la documentación respectiva, se esta en riesgo serio de perder esa inversión.


En un mensaje dado a conocer a través de sus redes sociales, Mendoza Davis con documentos en mano, demostró que los diputados de Morena y la del PT han desacatado las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del juzgado de distrito con sede en La Paz y no han reintegrado a los legisladores que supuestamente "destituyeron" en un juicio político.


Recordó que "nuestro máximo tribunal nacional, con relación a los efectos jurídicos del juicio político que concluyó con la separación de 5 y amonestación de 3 diputadas y diputados de minorías opositoras, expresamente instruyó al Congreso para que suspendiera la ejecución de la resolución emitida y, por ende, reintegre a las y los diputados en sus funciones".


Además, subrayó que el origen de todo esto fue en el mes de marzo anterior por lo que refirió que "la Corte ha suspendido ya en dos ocasiones los efectos y consecuencias de las sesiones a partir del 17 de marzo cuando se originó el problema en el Congreso (...) Esto quiere decir que todo, absolutamente todo lo aprobado a partir de esa sesión carece de validez legal, lo que incluye, repito, la aprobación del proyecto y financiamiento para la nueva desaladora de Los Cabos".


En tono firme y conciliador, Carlos Mendoza Davis repitió el llamado "a la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán y al representante del Gobierno Federal en Baja California Sur, Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, para que sensibilicen del tema a las y los diputados de su partido y podamos resolver el diferendo de la manera en que el poder judicial federal lo ha instruido".


Esto incluye desde luego, la reinstalación "de inmediato a los 5 diputadas y diputados ilegalmente expulsados, y con fundamento en la ley Reglamentaria del Congreso, sometan de nuevo a debate y autorización el proyecto de la planta desaladora".


De otra forma, subrayó el gobernador sudcaliforniano: "Si no hay desaladora, no habrá resultados, no habrá éxito y de nada habrá servido el esfuerzo conjunto realizado. Digámoslo como es: será un fracaso. Será fallarle a las y los cabeños".


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