Una organización civil demandó a cinco constructoras del Tren Maya por realizar las obras sin contar con todos los permisos ambientales y por daños en miles de hectáreas de selva, así como por la afectación de especies protegidas de fauna, como el jaguar y el puma, y por perjuicios a la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán.
La demanda, ya aceptada a trámite desde el 13 de mayo por el juez federal Luis Alberto Ibarra Navarrete, exige a las constructoras el pago de 27 mil millones de dólares en concepto de reparación de todos los daños ecológicos.
Dicha demanda quedó radicada en el expediente 22/2022, en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, y fue interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), en representación de 53 personas y colectivos ecologistas de la zona del sureste de México que pidieron resguardar sus identidades, luego de que denunciaron que fueron objeto de amenazas.
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