Diputados federales del PAN lamentaron las formas y métodos para ejecutar la justicia desde la 4T, en donde el trato hacia las carpetas de investigación es “manoseada” por terceros, con objeto de operar filtraciones y dañar o alterar procesos penales.
De ejemplo, citó el legislador del PAN, Rigoberto Mares Aguilar, el caso de Emilio Lozoya, quien ahora funge de “conejillo de indias” a favor del Gobierno federal para revertir la crisis mediática que ha lastimado tanto al presidente Andrés Manuel como a MORENA por la incontrolable pandemia.
En este sentido, el panista trabaja en una iniciativa para reformar el Código Penal federal e imponer multas de entre 1 a 8 años de prisión a quien difunda o comunique a personas no relacionadas con indagatorias, el ritmo de cada proceso judicial en curso.
Con esta legislación, explicó Rigoberto Mares, se busca garantizar el principio de presunción de inocencia y los derechos de quienes pudiesen estar involucrados en un caso, evitando el acoso en demérito de su imagen por la filtración en declaraciones, dichos, videos o fotografías.
“Se trata de aspectos que tienen que ver con la secrecía y el explícito resguardo de la información con base a lo dispuesto en normas de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados y el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
No hay más objetivo que cuidar los derechos de las víctimas, imputados o testigos y sus aportaciones, que los datos que aporten estén bajo resguardo y no existan conductas mediáticas-políticas.
Las reformas al Código Penal federal que propone el diputado Mares, fortalecen los límites de la autoridad en el tratamiento de la información, para que no existan mecanismos intencionales o dolosos en contra de terceras personas durante los expedientes judiciales.
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